El sistema tributario español se caracteriza - según denuncian expertos en la materia como el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Vicenç Navarro - por su carácter esencialmente regresivo. Se trata, en suma, de un sistema que hace recaer la mayor parte del peso tributario sobre las rentas más bajas a través de los impuestos indirectos con los que se grava el consumo, mientras que las rentas del Capital pueden tributar alrededor de un 1% gracias a instrumentos financieros como las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable) y abundan las exenciones fiscales de las que pueden favorecerse las grandes fortunas.
Pero si estos rasgos generales pueden aplicarse al conjunto del Estado español, la injusticia tributaria resulta especialmente sangrante en el caso de Canarias. En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el Archipiélago tiene uno de los tipos máximos de IRPF más reducido de España. Ello significa que un residente en Canarias con una retribución superior anual a los 300.000 euros puede llegar a ahorrarse 6.191 euros al año en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en comparación a lo que paga un asturiano. Los 125.166 euros anuales que puede tributar uno de estos ricos isleños también suponen una rebaja en el IRPF de 6.102 euros con un extremeño, de 6.099 con un catalán o de 6.000 con respecto a un andaluz.
Estos datos han sido aportados por el informe elaborado por la consultora Ernst & Young sobre la fiscalidad en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que por primera vez incluye a las comunidades autónomas españolas. La razón de la disparidad regional en la presión impositiva sobre las grandes rentas está en la capacidad de los gobiernos autonómicos de modificar sus escalas de tributación. El Gobierno autónomico - junto a otros como los de Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Galicia, Murcia, La Rioja y Madrid - ha establecido la tarifa mínima para la tributación de las mayores rentas a través del IRPF. En el extremo opuesto, los tributos más altos se pagan en Asturias y Cataluña aplican un tipo máximo de gravamen en el IRPF del 25,5 y el 25% del tramo autonómico respectivamente, frente al 21,5% de Canarias.
La modificación de los tramos del IRPF realizada a nivel autonómico apenas es perceptible entre las rentas inferiores. a partir de rentas anuales de 100.000 euros, un canario consigue pagar 200 euros menos que un asturiano o catalán . Por su parte, la diferencia en la tributación en los sueldos superiores a 200.000 euros anuales se sitúa en 3.000 euros menos en la comunidad canaria con respecto a la asturiana o a la catalana.
La Reserva de Inversiones de Canarias: un chollo fiscal para los grandes empresarios
La vía principal mediante la que las grandes fortunas del Archipiélago consiguen evadir el pago de sus impuestos no tiene que ver, sin embargo, con el establecimiento de tipos máximos reducidos en el IRPF. Un impuesto que grava principalmente a las renta del trabajo. Durante años, el verdadero fraude legalizado a la sociedad canaria se ha efectuada a través de la llamada Reserva de Inversiones de Canarias. Un instrumento fiscal ideado por el economista y ex consejero del Gobierno de CC Antonio González Viéitez mediante el cual se otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por sus multimillonarios ingresos. La RIC permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades. Puede aplicarse, igualmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este caso, supondría una deducción en la cuota íntegra del IRPF por los rendimientos netos de explotación destinados a la Reserva.
Gracias a la RIC, sólo en el año 2005, 11.442 sociedades dejaron de pagar a la Hacienda pública 2158 millones de euros. Una cifra similar, según el delegado especial en Canarias de la Agencia Tributaria, a la que se “ahorraron” cada uno de los tres años anteriores. Este mecanismo fiscal fue defendido desde su imposición como una herramienta apropiada "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”. Según puede leerse en la web oficial del Gobierno de Canarias, se trata del incentivo más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, con el que, supuestamente, se deberían compensar los perjuicios de la “ultraperificidad” del Archipiélago.
La RIC es, en realidad, un ejemplo de lo que en la economía neoclásica -lease neoliberal - se denominan “políticas de oferta”. Políticas que potencian la desregulación laboral, las privatizaciones, las subvenciones o desgravaciones fiscales a las grandes empresas, bajo el supuesto de que este estímulo a la inversión privada es la única vía posible para mejorar el bienestar general. Hoy, pese a la constatación de que la Reserva de Inversiones de Canarias solo aumentó los beneficios de las grandes empresas, la acumulación desaforada de capital y la especulación con bienes básicos como la vivienda y de que el Archipiélago tiene una de las tasas de desempleo más elevadas de todo el Estado, ninguno de los partidos institucionales con presencia en el Archipiélago se plantea la posibilidad de suprimirla.
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